Para el portavoz de la APM, Angel Calderón, en el supuesto de que se confirmase que el letrado Santaella presionó al Gobierno con ciertos documentos para mejorar la suerte judicial de su cliente, "debería haberle faltado tiempo al destinatario de esas pretensiones para ponerlo en conocimiento de la Justicia".

Según declaró Calderón a Servimedia, "desde ningún punto de vista los miembros del Gobierno podían haber prestao oídos a esas pretensiones, y desde luego si se ha insistido en ello en estos términos, debería haberse puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal".

A este respecto, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso Suárez, manifestó a Servimedia que el Ejecutivo debería -"y debe"- haber denunciado el caso "en cuanto advirtiera que puedan existir indicios de responsabilidad criminal".

DE QUE SE HA HABLADO

Sobre el contenido de la reunión, Alonso Suárez declaró que "s indispensable saber de qué se ha estado hablando ahí, porque si nos dicen que un ciudadano equis demanda al Gobierno una serie de comportamientos equis, esa demanda puede ser constitutiva de delito o totalmente inocua. Se trata de saber qué es lo que se pidió allí y a cambio de qué".

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, "lo que preocupa es la debilidad institucional; el poder legítimo es el poder del Estado, a cuyos representantes son los que eligen los ciudadanos. Que se puedan montar estucturas de chantaje en torno a todo lo que es el poder legítimo me preocupa bastante".

En este sentido, Angel Calderón cree que los asuntos que supuestamente se trataron en la reunión "se solventan, si es posible, ante los tribunales de Justicia". "Lo que no se puede de ninguna de las maneras es cuestionar al juez, haciendo valoraciones sobre quÉ es lo que más conviene para la propia causa o pidiendo que se sustituya un juez por otro".

Por esta razón, Calderón cree que debería haber un "desmentid por parte de quien se ha podido atrever a pedir el cambio del juez titular a cambio de ciertas cosas". Para el portavoz de la APM, "la jurisdicción no es negociable".

A este respecto, Alonso Suárez cree que "este comportamiento es por lo pronto plenamente inconstitucional, porque el nombramiento de García-Castellón es legal, y con ese presupuesto los jueces son inamovibles".

RESPUESTA POLITICA Y JUDICIAL

Por todo lo anterior, Alonso Suárez considera que el Gobierno tiene que dar una "respuestapolítica" e "informar inmediatamente al Parlamento", y luego, "si los hechos tienen indicios de que son constitutivos de delito, tiene que activar otra responsabilidad distinta, que es la judicial".

Respecto al hecho de que el mismo presidente del Gobierno haya recibido personalmente al abogado Jesús Santaella, Alonso afirmó que este hecho le "aturde" y le "aterra".

Por su parte, Angel Calderón declaró que si se confirma que se ha tratado de "coaccionar" al Gobierno, "es una fisura más y un gravedeterioro del Estado de derecho, porque estos asuntos no se pueden ventilar en despachos de altos cargos del Gobierno".

Para el portavoz de la APM, "que temas que están en los tribunales se puedan decidir en esas reuniones nos parece absolutamente demencial, monstruoso".

"Me parece absolutamente rechazable", añadió, "que desde el poder Ejecutivo se acojan iniciativas por parte de abogados que defienden a personas que están siendo investigadas, tendentes a resolver sus problemas por una vía que esabsolutamente inadecuada. Trasladar los problemas judiciales a la mesa del Ejecutivo me parece una absoluta perversión del Estado de derecho".