Bajo, que ha presentado un nuevo recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el encarcelamiento de otos el pasado 29 de junio, agregó que ese concepto "es una expresión absolutamente indeterminada y que debe ser erradicada".

A su juicio, cada juez o tribunal puede interpretar a su manera la alarma social, considerándola como escándalo, publicidad en medios de comunicación, temor colectivo o terror. Por ello, se mostró partidario de que la ley defina exactamente qué es la alarma social, "pero tal como está ahora no debería servir para mantener a Sotos en la cárcel".

Bajo también expresó su oposción a la actual figura de la prisión preventiva, de la que dijo que "es absolutamente criticable". A su juicio, el ingreso en prisión preventiva sólo debería utilizarse para evitar que se modifiquen las pruebas y la fuga del imputado que no pueda impedirse por otros medios.

"Fuera de esas dos características, creo que la prisión preventiva debe ser repudiada y debe ser sustituída por las fianzas y otras medidas cautelares, como retirada de pasaporte y presentación en el juzgado", insistió Bajo.

sí, señaló que Sotos no debería estar en prisión preventiva ya que "no hay riesgo ninguno de fuga porque es una persona que está completamente arraigada en España, está probado que no se ha enriquecido por esto, sino que a esta operación el reproche que se le puede hacer es en todo caso una mala gestión con pérdidas importantes para cada uno de los cooperativistas, y tampoco puede destruir pruebas".

El catedrático destacó que el número de presos preventivos es superior en el sistema continental europe que en el anglosajón y explicó que en España, en la actualidad los presos preventivos suponen el 34 por ciento del total de la población reclusa, nivel que calificó de "muy alto", aunque dijo que ha disminuído respecto a los años 80, en que ascendía al 60 por ciento del total.

Tras recordar que, de los 6 inculpados en el 'caso PSV', tan sólo Sotos permanece en prisión, dijo que esto significa que "hay una desproporción y no hay coherencia en el tratamiento de medidas cautelares entre unos imputados yotros".

Finalmente, también se lamentó de la diferencia de trato del juez Moreiras hacia Sotos y Javier de la Rosa, ya que mientras que el ex gestor de PSV lleva privado de libertad desde hace casi 8 meses, el magistrado no ha dictado ninguna medida cautelar contra De la Rosa por el 'caso Kio' -en el que Bajo representa a la actual dirección del Grupo Torras- a pesar de imputarle unos hechos similares a los de Conde, con unos perjuicios de 100.000 millones de pesetas. "Hay una diferencia completamentearbitraria que puede deberse a la alarma social", señaló.