Según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados hoy (INE), el número de particulares y empresas concursados fue de 2.902 en el año 2008, un 197,3% más que en 2007. Sólo en el cuarto trimestre de 2008 el número de deudores concursados alcanzó los 1.082.

En rueda de prensa, el presidente de Refor, Ramón Casanellas, y la directora, Inés Landín, estimaron que sólo en el primer trimestre de 2009 la cifra de concursos de empresas y particulares llegue hasta las 1.200 ó 1.300, tres veces más que entre enero y marzo de 2008.

Landín explicó que falta bastante tiempo para empezar a ver un descenso de los procedimientos concursales, y adelantó que será "el último índice que mejore". "No percibiremos una mejora hasta que el resto de índices macroeconómicos" evolucionen de forma positiva, agregó.

La intensidad de la crisis económica se refleja no sólo en los concursos, sino también en la cifra de trabajadores que se ven afectados por los mismos.

Así, desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, el número de trabajadores de empresas inmersas en un procedimiento concursal es de 125.000, de los que 24.000 corresponden sólo al último trimestre de 2008.

PEQUEÑAS MODIFICACIONES

El presidente de Refor se mostró a favor de introducir pequeños retoques en la Ley Concursal, más allá de una gran reforma, e indicó que los cambios que se hagan deben hacerse con "extremo cuidado".

Los expertos de Refor afirmaron que el "cuello" de botella de la actual normativa se encuentra en la fase de impugnación al informe provisional. Además, abogaron por reducir el coste de los procedimientos así como los plazos, que son demasiados largos.

Por otra parte, el Registro de Economistas defendió la necesidad de adelantar el plazo para que la empresa o particular que se encuentre inmerso se decida por un convenio o por la liquidación.

En este sentido, Casanellas indicó que el éxito de un convenio de acreedores se reduce al 5% de los concursos y que, por desgracia, al final la mayoría de las empresas que van a concurso acaban en liquidación.

De lo que están convencidos, es de que en una posible reforma "difícilmente" se tocará el orden de cobro de los acreedores.