Según las mismas fuentes, el Constitucional es el encargado de analizar los problemas que surgen entre el Gobierno Central y el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no puede actuar hasta que alguna de las partes en conflicto lleve el caso a la máxima instancia constiucional.

Según consta en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, "pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencias las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos".

Dicha normativa también establece que la decisión del Tribunal Constitucional "vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos".

Por su parte, fuentes de la Presidencia del Gobierno Vasco manifestaron a Servimedia que descartan la posibilidad de un enfrentamiento ante los tribunales entre ambos Ejecutivos e insistieron en la necesidad de dialogar y pactar la cantidad del Cupo que se ha de abonar por parte del equipo de Juan José Ibarretxe.

"El Gobierno vasco sólo tiene voluntad en estos momentos de hablar y negociar las distintas partidas; negociar no es imponer y nuestra actitud es flexible", dijeron.