En el documento, que desean entregar también al presidente del Gobierno, Felipe González, y al rey, los regantes de todo el país indican también que las obras públicas de infraestructura hidráulica son de interés general y, por tanto, "deben sufagarse íntegramente a cargo de la Administración, sin repercusión alguna para el regadío".

También critican el deterioro de algunas sistemas de riego, y piden expresamente al Estado "la urgente realización de las obras necesarias para su reparación y modernización, destinando a ese fin las cantidades precisas en los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas".

Asimsimo, piden que los representantes de los usuarios de sistemas de riego público del país participen efectivament en la elaboración de planes hidrológicos que realiza el Gobierno y no se limite su aportación "a un simple trámite de aportación pública o audiencia".

A su juicio, "el Plan Hidrológico Nacional no es el instrumento adecuado para crear un tributo por el derecho privativo del agua"; un programa que, en su opinión, los regantes españoles rechazan.

Respecto al marco legal sobre protección medio ambiental de los acuíferos, las Comunidades de Regantes animan a las autoridades a crear una normativa mássevera que la comunitaria para castigar la contaminación de los afluentes, y emplear la vía judicial y penal como sistema represivo de las prácticas delictivas de este tipo.

Entre las medidas que, según los regantes, debería tomar la Administración está la prohibición de instalaciones industriales que puedan amenazar a las aguas para el riego y promover la reutilización de aguas residuales en condiciones adecuadas para la agricultura.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Jos Borrell, aseguró a los periodistas, tras mantener un encuentro con los regantes el pasado día 12 de setiembre, que la Secretaría de Estado para la Política del Agua tiene el encargo de buscar un equilibrio entre los costes y los beneficios derivados del uso del agua.

Borrell, que fijó la política hidráulica como una de las prioritarias de su departamento, advirtió, no obstante, que el agua "no refleja los costes que supone consumirla y depurarla después de haber ensuciado, y esto es lo que hay que coregir".