Durante el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, los representantes de La Rioja, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Baleares expusieron sus críticas al texto aprobado en el Congreso de los Diputados y que ahora cumple tramitación en la Cámara Alta.

Todas las comunidades gobernadas por el PP enviaron a un representante al debate, con la excepción de la Comunidad de Madrid, quien había anunciado la participación de la directora general de Cooperación con el Estado pero que finalmente no asistió.

Junto a Pasqual Maragall, el único de los presidentes autonómicos presente en el debate fue el cántabro Miguel Ángel Revilla, quien negó que el nuevo estatuto catalán suponga un riesgo para la unidad de España si bien criticó duramente que la comunidad autónoma se defina a sí misma como una nación en el preámbulo.

Revilla calificó de "ridículo" que Cataluña y Andalucía hayan abierto una "carrera por cambiar el carné de identidad" de las comunidades e interpretó que esa actitud pone de manifiesto "un pequeño complejo de inferioridad" y una "moda de sentirse avergonzado de una España que ha tenido muchas etapas negras pero que hoy es un país admirado".

Esta fue la única crítica del presidente cántabro ya que, por lo demás, defendió que la tramitación del estatuto ha cumplido "todos los requisitos democráticos" y deseó "larga vida" al texto aprobado en el Congreso.

Al terminar, regaló una pulsera de goma con los colores de Cantabria a Maragall como gesto de fraternidad entre ambas comunidades y con el deseo de que el presidente catalán pueda comprender mejor el sentimiento de sus ciudadanos.

Por su parte, el consejero de Presidencia de La Rioja, Emilio del Río, arremetió directamente contra José Luis Rodríguez Zapatero por "consentir" y "alentar" la existencia de privilegios de unas comunidades sobre otras cuando, como presidente del Gobierno, debería ser el "principal garante" de la igualdad entre unas y otras.

Del Río aseguró que el estatuto "rompe la igualdad entre españoles, la solidaridad entre regiones, crea comunidades de primera y de segunda, da luz verde a pretensiones de naciones y soberanías, y debilita exterior e interiormente a España".

El consejero riojano criticó también que se ha roto el consenso entre las dos grandes fuerzas políticas y se ha "marginado" al Partido Popular durante un proceso de reforma del estatuto definido por la "opacidad", el "entreguismo" yy la "ninguna visión de Estado" con la que ha actuado Zapatero.

El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, tildó la reforma del estatuto catalán de "esperpéntica, insolidaria y maquiavélica" y afirmó que los políticos catalanes han confundido "soberanía con superioridad" y "autonomía con independencia" en la redacción del texto.

A su juicio, el único futuro del nuevo estatuto catalán es "acabar en el Tribunal Constitucional" pese al trabajo de "lipoescultura política" que durante más de dos años han llevado a cabo los "arquitectos políticos" del tripartito, CiU y PSOE.

UNA "CONTRADICCIÓN" CON EL ESTATUTO VALENCIANO

El portavoz de la Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, denunció que el apoyo del PSOE a las reformas de los estatutos catalán y valenciano supone una "contradicción" porque en el primero se define a la comunidad como una nación y en el segundo se dice que no hay más nación que la española.

González Pons advirtió de los riesgos que supone definir como realidad nacional a Cataluña, ya que se trata de un "eufemismo político que hoy contenta a todos pero que muy pronto no va a contentar a nadie".

Adujo que cuando se dice realidad nacional se quiere decir hecho nacional y, por lo tanto, será "una cuestión de tiempo" que los partidos nacionalistas reivindiquen que se reconozca a Cataluña como nación. "Me temo que nos van a dar muchos dolores de cabeza y quizá de corazón en los próximos años", remachó.

El consejero de Educación de Baleares, Francisco Fiol, manifestó su "preocupación" por la legitimidad, legalidad y materialidad del nuevo estatuto catalán, ya que considera que algunos de sus artículos "no son constitucionales".

Fiol centró su críticia al estatuto en la "apropiación indebida" del Archivo de la Corona de Aragón ya que, aunque tenga su sede en Barcelona, su contenido corresponde a los distintos territorios que pertenecieron a lo largo de su historia a este reino.

Por último, el consejero de Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su "preocupación" por que Cataluña se defina a sí misma como nación y por que se otorgue un modelo de financiación propio que resulta "insolidario" y "egoísta" con respecto al resto de las comunidades.

Fernández Mañueco vaticinó que, con el nuevo estatuto, los ciudadanos de Castilla y León tendrán que pagar más impuestos que los de Cataluña para poder recibir unos servicios públicos similares.

A su juicio, tanto Cataluña como Castilla y León son dos comunidades históricas dentro de España pero recalcó que defender esa tesis no implica "negar la existencia de la única nación española".