Cercós, que es senador por Soria, hizo esas declaraciones en referencia al vertedero ilegal de residuos industriales ue la empresa Megorsa, del grupo Tudor, tiene en el término municipal de San Esteban de Górmaz (Soria), donde ha depositado en ocho años más de 40.000 toneladas de escorias procedentes de la segunda fundición del plomo.

Para Cercós está suficientemente claro que la competencia sancionadora corresponde a las comunidades autónomas.

En declaraciones a Servimedia, dijo que la Junta de Castilla y León debería "acometer el tratamiento de esos residuos mediante tecnologías que existen".

Según Cercó, 1.200 proyectos han sido presentados en la última convocatoria, dentro del programa de tratamiento de residuos para el cual la Administración Central prevé 30.000 millones de pesetas.

El coordinador socialista en la Comisión de Industria del Senado no descartó que el Gobierno se viera en la obligación de tomar medidas "con alguna ley de implantación de residuos".

"Cada comunidad autónoma tendrá que hacer su ley de implantación para tratar los residuos generados en su zona de influencia. Que cda comunidad retenga, administre, gestione y trate los residuos industriales de su ámbito geográfico".

Ramiro Cercós, que se mostró partidario de un pacto de Estado en materia de instalaciones de tratamiento de residuos industriales, dijo que "hoy es un puro sofisma pensar que toda la actividad industrial tenga que desarrollarse de forma que no genere residuos".