Hidalgo afirmó haber recibido por vía no oficial un comunicado de la entidad europea que informaba sobre esta solicitud. El informe no ha sentado nada bien en la Comunidad de Madrid, donde se considera que los argumentos en que se basa ya fueron sopesados y descartados en Febrero de 2003, cuando se decretó que MINTRA cumplía perfectamente los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95) que ahora se ponen en tela de juicio.

La primera de las razones que expone Eurostat para justificar la clasificación de MINTRA dentro de laAdministración pública es que la mayor parte de los ingresos que recibe la empresa se obtienen gracias al acuerdo de arrendamiento que mantiene con Metro.

En este sentido, Hidalgo replicó que este hecho ya estaba presente en el balance de la empresa cuando fue sometida a revisión hace dos años y no supuso problema alguno, por lo que ahora tampoco debe serlo.

El segundo de los motivos en que se basa Eurostat es la afirmación de que los ingresos de MINTRA se fijan por adelantado y no corresponden a parámetros objetivos relacionados con el uso que hace "Metro" de la infraestructura. Hidalgo responde que dichos ingresos "sí dependen de parámetros objetivos".

En tercer lugar, la institución europea afirma que el incremento de los costes de explotación de Metro en lugar de reflejarse en un aumento de las ventas por billetes, se ha traducido en un incremento de las subvenciones que paga el Consorcio Regional. La consejera también se manifestó en desacuerdo a este respecto y afirmó que no se trata de ayudas a Metro sino de "compensaciones económicas vinculadas al número de viajeros que transporta".

Por último, Eurostat afirma que la capacidad de contratación de MINTRA es muy limitada teniendo en cuenta que Metro es prácticamente el único cliente. Hidalgo recuerda que RENFE también lo es y que "los contratos firmados antes de Febrero de 2003 contemplan la posibilidad de dar entrada a otro operador en el sistema".

Por todo ello, la responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid considera que esta situación es "a todas luces injusta" y pide al Gobierno central, que es el único con potestad para interponer recursos en Bruselas, que "bajo el criterio de lealtad institucional (...) defienda los intereses de los madrileños en Europa".