Los padres de Sandra viajaron hoy a Estrasburgo (Francia), adónde llegaron esta tarde, con el fin de entrevistarse mañana, martes, con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, a quien expondrán su caso y formalizarán su propuesta.

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, que acompaña a los padres en este viaje, ha mostrado en reiteradas ocasiones su posición favorable a la modificación de la ley del menor, de tal modo que los menores condenados por determinados delitos ingresen en un centro penitenciario común al cumplir la mayoría de edad.

Precisamente, Prada ha hecho bandera en los últimos meses del caso de Sandra Palo para subrayar la idoneidad de endurecer las penas previstas por delitos muy graves cometidos por menores.

El consejero ha estado presente, junto a la familia de la joven asesinada en mayo de 2003, en la mayoría de concentraciones o manifestaciones que han sido convocadas, particularmente tras el paso a régimen de libertad vigilada de uno de los menores condenados por el citado crimen, apodado "Rafita", el pasado año.

A FAVOR DE LA PROPUESTA DEL PP

Antes de emprender viaje a Estrasburgo, María del Mar Bermúdez manifestaba estar de acuerdo con la propuesta del candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, para que se aplique la ley del menor a quienes hayan cometido delitos graves a partir de los 12 años.

En declaraciones a Servimedia, Bermúdez aseguraba hace unos días que en su familia "hace tiempo que sabían" que el Partido Popular tenía pensado presentar una propuesta para endurecer la ley.

El Partido Popular propone enviar automáticamente a centros penitenciarios de adultos a los delincuentes que cumplan 18, sin que el caso sea necesariamente revisado nuevamente por un juez.

Bermúdez critica "la oposición" del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, a las propuestas de modificación de la ley del menor, ya que, según sus palabras, "si una ley no está bien hecha se tiene que modificar" y "no ha funcionado desde 1995", cuando entró en vigor.