Según informó hoy el gobierno regional, las sanciones asociadas a dichos expedientes ascendieron a más de cinco millones de euros, siendo confirmadas por la Dirección general de Trabajo el 86,3% de las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid.

Otros 549 procedimientos sancionadores fueron suspendidos por concurrencia con la Jurisdicción Penal o la Social.

Por otro lado, tal y como se acordó en la Asamblea de Madrid el pasado 20 de abril, el Gobierno regional ya ha puesto en marcha las medidas acordadas por los tres Grupos Parlamentarios contra la siniestralidad laboral.

Una de las medidas es la publicación de las listas de las empresas que tengan mayor índice de siniestralidad. En este aspecto, la Comunidad de Madrid está pendiente de la contestación por parte del Consejo de Estado, a la que ha solicitado un dictamen, para que informe sobre los términos en los que la Administración regional puede hacer pública la lista.

El Ejecutivo regional ha pedido también a la Fiscalía la creación de la figura del fiscal contra la siniestralidad, tal y como se recoge en otro de los puntos del acuerdo.

Del mismo modo, a principios de septiembre se llevará a cabo un reforzamiento en la formación de los técnicos en prevención en materia de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y en los centros de trabajo.