Según informó la Comunidad de Madrid, el Gobierno madrileño considera que existen argumentos para sostener la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de ocho artículos de dicha norma estatal y también de una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el TC inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del TC, los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas están legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía.