Según indicó el portavoz del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, Ignacio González, la apertura de dicha oficina no solucionará el verdadero problema de los consumidores, que no es otro que la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que propició el Ministerio de Industria a principios de año.

Señaló que los términos invocados en el citado real decreto ley no justifican la urgencia de crear esta oficina a través de un real decreto y que el Ministerio de Industria se amparaba en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar decretos leyes.

Sin embargo, añadió, la Comunidad considera que ninguno de estos motivos justifica dicha urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido desarrollada y se pretende justificar la creación de la citada oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.

González dijo que la creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor podría suponer, además, una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo, ya que podría constituir una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas.

Explicó que la Comunidad ya ha denunciado en repetidas ocasiones que el cambio de facturación de bimestral a mensual a través de lecturas estimadas, que no beneficia a nadie, sólo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro de Industria.