Así lo señaló el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior, donde destacó que la ordenanza continúa vulnerando la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española y en las normas comunitarias.

Explicó que si bien el reglamento y las ordenanzas locales pueden establecer limitaciones a la libertad de empresa, éstas habrán de producirse dentro de los términos de la habilitación utilizada y ser idóneas y proporcionadas con el fin pretendido.

Según las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, ninguno de tales requisitos concurren en dicha ordenanza, que produce "una indebida, por excesiva, restricción a la libertad de empresa".

Por otra parte, subrayó que la ordenanza municipal incurre en una clara vulneración de la libre prestación de servicios y de la normativa comunitaria en la materia (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006).

"La ordenanza, al regular la publicidad exterior en el municipio de Madrid, incide en la prestación de servicios, limitando su ejercicio o sometiéndolo a requisitos tan minuciosos que prácticamente anulan la posibilidad de desarrollar dicha actividad", explicó Beteta en el Consejo de Gobierno.

Según precisó, la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento es discriminatoria, ya que limita la actuación publicitaria de los empresarios ubicados en el municipio de Madrid frente a la de los radicados en otras localidades, incluso dentro del municipio en función de la zona en la que estén situados sus establecimientos comerciales.

Las alegaciones de la Comunidad de Madrid manifestaban que con ello se les restringe la posibilidad de darse a conocer al consumidor final de sus productos en condiciones de igualdad.

"Las limitaciones a la publicidad exterior se intensifican en la zona centro y el casco histórico, y en definitiva los lugares de mayor afluencia turística de Madrid, cuyos comercios y establecimientos experimentarían un innegable perjuicio económico y un agravio comparativo respecto al resto de los establecimientos", sostiene el Gobierno regional.

El vicepresidente dijo que el Ayuntamiento no ha recogido la alegación relativa a las limitaciones a la publicidad en vehículos que pertenezcan a actividades económicas que sólo podrán contener elementos de identificación pero no de promoción de sus productos y servicios.

Añadió que no se atiende igualmente la observación de la Consejería de Medio Ambiente en relación con los usos y parámetros urbanísticos que deben contemplarse en las instalaciones en suelo no urbanizable, cuya determinación debe realizarse a nivel del Plan General y no a través de ordenanzas municipales.

Por último, remarcó que no se incorporan determinadas precisiones realizadas por la Consejería de Cultura en relación con la instalación de elementos publicitarios en bienes de interés cultural, cuya autorización requeriría el previo informe favorable de la reunión conjunta Comunidad de Madrid-Ayuntamiento en el seno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid.

El Ejecutivo regional asegura que impugnará esta ordenanza, amparándose en el artículo 114 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, que establece que las regiones podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.