Según informó hoy el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el programa, dotado con un presupuesto de 40.000 euros, incluye la financiación de la acusación particular en procedimientos judiciales incoados por presuntas agresiones racistas.

A través de este acuerdo se pondrá al servicio de las victimas de agresiones racistas y xenófobas a profesionales del Derecho que ejercerán las actuaciones pertinentes de forma gratuita, como la acusación particular.

Además, a través del Teléfono de la Víctima del Odio y la Oficina de la Solidaridad, se atenderán todas las consultas de personas que sufran manifestaciones de intolerancia o xenofobia.

El convenio incluye, entre otras actividades, la organización de seminarios y conferencias dirigidos a la formación de mediadores para la prevención de conflictos.