Jiménez Villarejo recordó en declaraciones a la Cadena Ser que, ante la "gravísima" crisis de Madrid, a instancias de la denuncia formulada por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, "formulé un proyecto de investigación al fiscal general que no he podido todavía desarrollar, bajo el pretexto del señor Cardenal de que hay una resolución judicial pendiente consecuencia de laquerella interpuesta por el PSOE".

"Respeto pero no comparto el criterio del fiscal general, porque creo que la razón que se da de que hay un procedimiento judicial supondrúa que el Tribunal Superior de Justicia hubiera incoado un procedimiento judicial, con independencia de que no hubiera admitido a trámite la querella, pero no lo ha incoado, el procedimiento judicial se llama 'diligencias previas'", explicó.

En este sentido, resaltó que "mientras no haya diligencias previas, no existe procediminto judicial, por lo tanto, la Fiscalía podría tener muy avanzada su investigación, con datos muy relevantes, y en condiciones de perfilar las responsabilidades que se pudieran estar derivando de esos acontecimientos, pero no ha sido posible, y hay un principio de jerarquía por el que debo actuar según las órdenes que me da el fiscal general".

No obstante, reiteró que "una Fiscalía, y más una de estas características", tiene como "finalidad esencial perseguir cualquier indicio o cualquier sospecha funada de una conducta de corrupción, creo que ante este supuesto, donde aparecen intereses económicos", estaría "más que justificado" actuar, y lo contrario crea una sensación de "perplejidad o de confusión" en la ciudadanía.

En cuanto a la querella del PSOE, que no fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, opinó que "adolecía de la insuficiencia de algunos elementos necesarios para darle consistencia"; y el Tribunal "razonó bien" su decisión, pero "tampoco parece necesario quilatar de forma tan extrema los elementos que deben concurrir para poner en marcha la maquinaria de la justicia, porque de lo contrario sería difícil iniciar cualquier proceso penal".

Pese a todo, la resolución del Tribunal Superior "tenía elementos muy positivos", como decir que "no se cerraba la puerta a ninguna investigación, porque podía llevarla a cabo la propia Fiscalía Anticorrupción, y había un voto particular concurrente".

Calificó como "insidiosas" las críticas que se han vertido conta él cuando, aseguró, "siempre que aparece una sospecha de corrupción en el panoramas español en los últimos siete años y medio, he actuado con la misma diligencia, la misma premura y el mismo interés", tanto en este caso como en el BBV, el Berlusconi y "decenas de asuntos".

En cuanto a su próximo cese, indicó que "soy el fiscal jefe Anticorrupción y lo seré hasta que sea cesado en el cargo. He reiterado mi solicitud de continuar siendo fiscal de esa Fiscalía, y en esa espera estoy", pero "hasta ese mmento yo mantengo la confianza en el legítimo derecho que tengo a continuar desempeñando esa función".

Sobre su sucesor, que ya ha sido elegido, lamentó el "triste papel" que le espera cuando el fiscal general aboga por suprimir la Fiscalía Anticorrupción, una opinión "contradictoria, que va contra la realidad", especialmente ahora que el Consejo de Europa por segunda vez ha denunciado al Gobierno español por una falta de estrategia en la lucha contra la corrupción.

PACTO POR LA JUSTICIA

Finalmnte, Jiménez Villarejo criticó el Pacto de Estado por la Justicia, pues "la Justicia tiene una dinámica propia, debe tenerla, en función de su propia soberanía, de su propia autonomía, y someterla a un pacto político para que en virtud de éste se vaya modificando determinada ley en un sentido o en otro" es perjudicial.

Puso como ejemplo el resultado que ha tenido este acuerdo político para el Ministerio, que calificó como "desastroso", por lo que concluyó que el Pacto por la Justicia sólo ha servido "ara romperlo o para utilizarlo como parapeto, como paraguas, para adoptar resoluciones que no se acomodan a los criterios que debe presidir una Justicia independiente".