Antes de participar en un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial sobre violencia de género, el líder socialista reiteró que se pueden modificar la legislación electoral y los reglamentos de los parlamentos. "Se puede hacer conforme a la Constitución, y se debe hacer", djo.

Recordó que también la Ley de Partidos con la que se pretendía -y finalmente se consiguió- poner fuera de la legalidad a quienes defienden o amparan la violencia, suscitó dudas de constitucionalidad que fueron despejadas después de un intenso trabajo.

Eso mismo, aseguró, se podría hacer con una legislación que castigara a los tránsfugas que permiten con su actuación la compra de su acta y la traición a los electores. Si no se hace de aquí al final de la legislatura, dijo Rodríguez Zapatero, srá uno de los compromisos del PSOE ante las elecciones generales del próximo año. La pregunta, añadió, es por qué el PP "pone pegas".

Al margen de defender esta reforma legal, aseguró que los socialistas utilizarán "todos los mecanismos" del Estado de Derecho para intentar que se investigue la trama de intereses inmobiliarios que están convencidos de que ha motivado la actuación de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez en la Asamblea de Madrid.

Insistió, en este sentido, en el argumento ya expresado por e abogado José Manuel Gómez Benítez en el sentido de que los socialistas sólo pueden aportar a sus acciones judiciales los indicios de los que disponen, pero son los tribunales los que, admitiendo a trámite esas acciones, deben emprender las acciones necesarias para convertir esos indicios en pruebas que demuestren la comisión de un delito.

Con esta convicción, reiteró la necesidad de que investigue la Fiscalía Anticorrupción sin que el fiscal general del Estado, Jesús Caldera, obstruya sus decisiones."Sería muy grave para el funcionamiento del Estado de Derecho que nuevamente impidiera lo que se deduce del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es que se debe seguir investigando", advirtió.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que las presiones empresariales al presidente de Asturias, Vicente Alvarez Areces, indiquen la existencia de un red de intereses en todo el país para impedir gobiernos del PSOE con Izquierda Unida, Rodríguez Zapatero defendió la labor de la inmensa mayorí de los empresarios y los desvinculó de quienes "no merecen ese calificativo" y en Madrid han intentado "hurtar" un Ejecutivo legítimo. Son esos "especuladores" los que, en su opinión, "tienen que tener mucha más preocupación con un gobierno socialista, tanto en Madrid como en España".

En todo caso, sí se mostró convencido de que ante unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid estará en juego "si mandan los ciudadanos o la influencia de quienes sólo defienden sus intereses", y también la propia ortaleza del Estado de Derecho para impedir ese tipo de ataques a la democracia, y esa fortaleza sólo estará garantizada cuando los ciudadanos conozcan todos los detalles de lo ocurrido.

Sobre la posibilidad de introducir algunos cambios en el socialismo madrileño ante esas nuevas elecciones, Rodríguez Zapatero se limitó a recordar que sería una tarea del secretario general de la FSM, Rafael Simancas.