En un escrito que ha presentado hoy mismo en el parlamento regional, Murillo explica que los hechos están "sub iudice" y por eso "no deben pronunciarse al respecto en tanto en cuanto no declaren ante los jueces sobre tales hechos; ni están obligados por ley a declarar a tenor del artículo 24 de la Constitución Española ni ante la Comisión, ni siquiera ante el juzgado".

"Por ello", añade en su argumentario Manuel Murillo, "estimamos que a nada conduce el haceres comparecer ante la comisión donde nada tienen ni pueden declarar al menos en tanto en cuanto no lo hagan ante los tribunales de Justicia que investigan los mismos hechos".

El letrado recuerda que todavía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está pendiente de resolver el recurso de súplica del PSOE contra la no admisión a trámite de la querella contra los dos constructores, los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, y el secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

Además, añade, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Alcorcón (Madrid) investiga, a consecuencia de una querella de la Fiscalía de Madrid, delitos de cohecho, blanqueo de capitales y uso de información privilegiada, entre otros, presuntamente cometidos por Vázquez y Bravo en la adjudicación y construcción de 30.000 nuevas viviendas en el citado municipio.