Esta decisión, autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, se produce tras analizar la modificación del citado real decreto realizada por el Ministerio de Vivienda y publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado.

Según informa el Ejecutivo autonómico, como en el anterior requerimiento de incompetencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de diciembre de 2007, la Administración madrileña considera que el Estado no sólo se extralimita en sus competencias, sino que fija la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las autonomías para asegurar la aplicación de la llamada Renta Básica de Emancipación.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, señaló que, siguiendo con el procedimiento, en los próximos días los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid presentarán el nuevo requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de la Presidencia.

Aclaró que esta decisión no significa que el Ejecutivo madrileño vaya a solicitar la suspensión de las ayudas, sino que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid.

Asimismo, González reclamó al Ministerio de Vivienda que explique las dificultades y demoras que se han detectado en el pago de la Renta Básica de Emancipación. Añadió que, como ha señalado recientemente el Defensor del Pueblo, el departamento de Beatriz Corredor debe dar explicaciones sobre su inactividad en la resolución de los problemas denunciados por los jóvenes a la hora de cobrar la ayuda del alquiler.