El consejero de Economía e Innovación Tecnológica del Ejecutivo madrileño, Fernando Merry del Val, formalizó hoy la presentación del recurso, en el que se indica que la decisión del traslado carece de "justificación técnica, económica, jurídica o de otra naturaleza".

El Gobierno regional solicita al Alto Tribunal que, como medida cautelar, paralice el cambio de sede de la CMT a Barcelona hasta que se resuelva el contencioso-administrativo, ya que la ejecución del traslado "podría hacer perder la finalidad legítima del recurso" y supondría un grave perjuicio, de difícil reparación, para el propio organismo regulador, sus trabajadores, los operadores de telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones en general y para la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la Comunidad de Madrid considera que el cambio de sede, acordado en el Real Decreto 2397/2004, de 30 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, vulnera los límites de la potestad discrecional de autoorganización del Gobierno, por "falta de causas jurídicas, técnicas, económicas o de cualquier otra índole que aconsejen la medida".

El Ejecutivo regional cree, igualmente, que la medida adoptada unilateralmente por el Gobierno central no es una "descentralización", sino una "deslocalización", y, en este sentido, el recurso señala que la decisión de traslado de la sede de la CMT a Barcelona "ha causado ya una auténtica convulsión en este estratégico sector de la economía nacional, que, además, tiene la consideración de servicio de interés económico general".

El recurso subraya que "entre el 80% y el 90% de las empresas de telecomunicaciones tienen sus sede en la capital de España, entre otras razones, por la cercanía con el regulador y las restantes autoridades nacionales de reglamentación, así como de las demás instituciones del Estado".

CONSECUENCIAS NEGATIVAS

En cuanto a las consecuencias negativas para el organismo regulador, el recurso indica que la decisión del Gobierno de trasladar su sede a Barcelona "lesiona gravemente la independencia y autonomía de que goza" la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y supone "un precedente para futuras injerencias en este y en otros sectores estratégicos de la economía".

Además, añade, el traslado "aleja a la comisión de los operadores a los que controla", lo que originará "un grave trastorno y perturbación en el buen funcionamiento del organismo".

Por otra parte, señala que "las operaciones necesarias para llevar a cabo el traslado van a suponer un retraso considerable del ritmo de trabajo", que ha supuesto ya "una paralización de la actividad de la comisión, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la reducción del número de resoluciones aprobadas debido a la incertidumbre generada por la medida".

En cuanto a los empleados del organismo regulador, el recurso asegura que el traslado "genera evidentes perjuicios para los trabajadores" y ha supuesto una situación de "conflictividad, descontento, disminución de rendimiento", que ha dado lugar "a la fuga de personal cualificado difícil de reponer en el mercado laboral dada la especialización necesaria requerida".