Para Lamela, la iniciativa del Gobierno español "vulnera claramente las competencias sanitarias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, lo que me lleva a plantear serias dudas sobre su constitucionalidad".

Lamela hizo una llamada al diálogo y al consenso, al tiempo que solicitó mayor realismo por parte de la ministra de Sanidad y Consumo. "El Ministerio no puede ni debe imponer una norma sin el consenso de todos", según informó en una nota la Comunidad de Madrid.

Agregó el consejero madrileño que con este real decreto, el Gobierno español "impide que los ciudadanos españoles se sitúen en condiciones de igualdad con los europeos respecto a los depósitos de sangre de cordón umbilical, negándoles la posibilidad de garantizar una posible cura para sus hijos en un futuro, mientras que los hijos de nuestros vecinos europeos si que lo tienen asegurado".

Apuntó Lamela que la titularidad de los establecimientos de tejidos queda referida y limitada con carácter exclusivo a entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que esta limitación "podría ser contraria al derecho de libre empresa establecido en la Constitución Española".

Por otro lado, Lamela destacó que la norma presentada por la ministra "quiebra" el espíritu de la Directiva comunitaria 2004/23/CE, al requerir que los bancos de cordón privados sean sin ánimo de lucro, cuando en varios Estados de la Unión Europea existen otro tipo de bancos.

El consejero indicó que el real decreto guarda relación con "la inaudita e inadmisible actitud del Gobierno en relación con el decreto regional que regula los depósitos de sangre de cordón umbilical".

En este sentido, señaló que el recurso presentado a la norma madrileña "frustra las esperanzas de cientos de ciudadanos que ya habían decidido hacer uso de los depósitos privados de cordón en la región en los próximos meses y cabría preguntarse quién es el responsable de los perjuicios ocasionados a las madres que se ven obligadas a seguir depositando la sangre de cordón de sus hijos fuera de España".

La "precipitada" decisión del Ministerio de Sanidad de recurrir el decreto regional "ha dejado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sin la posibilidad de ejercer libremente un derecho" del que, sin embargo, ya disfrutan otros muchos países de la Unión Europea y del mundo, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Alemania, Polonia, Chipre, Grecia o Austria, subrayó el responsable regional de Sanidad.

La Comunidad de Madrid agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional, advirtió, con objeto de que se levante la suspensión decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Nuestro objetivo es que se restablezca la cordura y respeto por el derecho a la libre elección de las personas".