Así lo trasladó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo regional ejercerá nuevas medidas judiciales contra este impuesto a través de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación. En ella, se reitera quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.

Esta es la segunda iniciativa que emprende el Gobierno madrileño contra un nuevo impuesto estatal que ya recurrió en marzo pasado ante el Tribunal Constitucional. El 12 de septiembre se iniciaron nuevas actuaciones ante la sala de lo Contencioso–Administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden ministerial.

El consejero madrileño aseguró que tanto el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo vulneran "varios principios recogidos en la Constitución española". "Supone un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos", como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008, según dijo.