Para ello, IU considera que habría que forzar el "abandono del escaño usurpado", por la reclamación a los tránsfugas de todos los partidos firmantes y, en todo caso, comprometerse a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar la mayoría de gobierno de las instituciones públicas, y además no apoyar ninguna propuesta que sea presentada por los mismos desde el grupo de no inscritos, según una nota de prensa de la formación.

Igualmente, I reclama que el grupo de no inscritos, en las instituciones que se produzca transfuguismo a lo largo de la legislatura, carezca de medios económicos, materiales y humanos propios de un grupo parlamentario, así como que no tengan iniciativa legislativa, quedando por tanto su capacidad limitada a la iniciativa individual de control e impulso que en cada caso establezcan los reglamentos de la institución de la que formen parte.

Por otro lado, IU pide que el Pleno del Congreso, constituya una comisión de nvestigación al objeto de estudiar y proponer posibles cambios normativos respecto a las incompatibilidades para el ejercicio de cargo público y la práctica de determinadas actuaciones en el ámbito urbanístico e inmobiliario, así como para el estudio de propuestas relativas a la Ley del suelo, incompatibilidades de cargos públicos y altos cargos, y una reforma de la Ley Electoral General en materia antitransfuguismo.

Por último, IU solicita al Gobierno que impulse una serie de medidas para "favorecer a lucha contra la corrupción", entre las que se encuentra el cese del Fiscal General del Estado por su actuación dilatoria y supeditación constante a los intereses del Gobierno; substraer al Ministerio Fiscal de las injerencias del Ejecutivo, a través de la capacidad del Parlamento para nombrar y cesar al Fiscal General del Estado por mayoría reforzada; o acabar con las presiones sobre la sala segunda del Tribunal Supremo y sobre el Consejo General del Poder.

Además, para la formación de izquierdas, sría necesario proveer de mayores medios materiales, poderes e independencia a la Fiscalía Anticorrupción; e intensificar las medidas inspectoras y si fueran necesarias aplicar de forma eficaz la legislación de incompatibilidades de altos cargos, senadores, diputados y cargos electos; así como, cesar de forma inmediata a los ministros y altos cargos del Gabinete que se encuentren implicados o imputados en investigaciones judiciales en curso.