Desde la Comunidad defienden que dicho centro, con 100 nuevas plazas, “permitirá reducir la tensión de la red de centros de menores regional generada por la crisis migratoria que no ha sabido gestionar el Gobierno central”.

El recurso ante el contencioso administrativo pide medida cautelarísima de suspensión del decreto municipal para que puedan proseguir las obras de reforma del nuevo centro, en el que se invertirán 6,9 millones de euros.