De fondo, la oportunidad de abrir un debate en el ámbito de la Unión sobre la idoneidad de endurecer las penas por delitos graves, como propone el Partido Popular en su programa electoral ante las elecciones del 9 de marzo.

Prada estima "socialmente inquietante" el fenómeno de la delincuencia juvenil en las últimas décadas y, como ejemplo del grado de crueldad que se puede desarrollar en algunos casos, el consejero acompaña en su visita, también a Libicki, a los padres de Sandra Palo, la joven madrileña que fue violada y asesinada en 2003 por un grupo de menores.

El caso de Sandra Palo aparece como un paradigma de lo que Alfredo Prada quiere transmitir hoy en su reunión con Marci Libicki. Prada ha abanderado en los últimos meses la idea de que hay que reformar la ley penal del menor, y de modo particular lo ha hecho tras la libertad provisional de uno de los menores condenados por el crimen de Sandra Palo, apodado "Rafita", al cumplir la mayoría de edad.

El consejero madrileño apunta que la situación de la justicia juvenil en los países de la UE "podría mejorar si se aplicara una medida o perspectiva global que coordinara las diferentes legislaciones, así como las estrategias y programas de intervención puestos en marcha con menores infractores".

Prada pedirá también al responsable comunitario de Peticiones que traslade al Parlamento Europeo la adopción de una resolución que tome en consideración el problema derivado de la delincuencia por parte de menores, y que inste al Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE a que someta a debate la homogeneización de la responsabilidad penal de los menores en los respectivos ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembro.

El encuentro de hoy en Estrasburgo se produce pocos días después de que la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor infractor, celebrara en Madrid el I Congreso Internacional sobre Responsabilidad Penal del Menor, que ha sentado las bases para promover esa unificación de las normativas y legislaciones europeas en relación con la responsabilidad penal de los menores.

Los expertos de los ocho países que participaron en este congreso coincidieron en la necesidad de establecer orientaciones comunes a todos los Estados miembro, que abarquen desde políticas de prevención, pasando por el tratamiento policial y judicial de los menores en conflicto, hasta llegar a su reeducación y reinserción.