De l Cruz manifestó, respecto a la polémica por la retirada por parte del Ministerio del Interior de la escolta personal a Simancas, que éste la solicitó porque "pensaba que iba a ser ya presidente de la Comunidad de Madrid", pero al no serlo en la actualidad, "no tiene derecho a ella objetivamente".

Las personalidades públicas que son objeto de este tipo de protección por parte de las Fuerzas de Seguridad son aquellas que ostentan un cargo público y, según De la Cruz, "no todas las llevan porque no quiern".

Sin embargo, los cargos electos, es decir, los diputados nacionales o autonómicos, "no tienen por qué tenerla, a no ser que sean objetivo de ETA, que tengan una clara amenaza".

De la Cruz añadió que la situación actual de Simancas "es como la de cualquier otro ciudadano normal y, en consecuencia, no es necesario que lleve escolta, a no ser que tenga una amenaza terrorista".