Los grupos firmantes de esta solicitud, al igual que el PNV, criticaon que el fiscal general abogue por suprimir la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, precisamente en este momento, lo que supone una nueva muestra de la dependencia de este órgano respecto al Gobierno.

En nombre del PSOE, Diego López Garrido recordó en su intervención el informe del Consejo de Europa sobre la ausencia en España de una estrategia global para perseguir delitos de corrupción y en el que se subrayaba la falta de garantías de transparencia en la influencia del Goierno sobre el Fiscal General del Estado.

Una prueba de esa situación, opinó, es la negativa a investigar "un caso claro de corrupción" con indicios de que "hay algo más" detrás del comportamiento de dos tránsfugas y que ha modificado "en 180 grados" la voluntad de los madrileños, por lo que "es un imperativo moral que los ciudadanos sepan qué hay detrás".

En contra de este criterio, el Gobierno ha dado "las señales adecuadas para que el fiscal cierre esa investigación", lo que deja claro que la iscalía General se comporta como un "apéndice del Gobierno o del Ministerio de Justicia, no una institución con "imparcialidad o autonomía".

Aseguró que el hecho de que se haya presentado una querella ante el Tribunal Superior de Juscicia de Madrid no impide que el Ministerio Fiscal inicie una investigación, y subrayó que si Cardenal "creyera que lo que hay detrás es sólo un tema interno del PSOE estaría buscando hasta debajo de las piedras".

DIMISION DE CARDENAL

En nombre de Izquierda Unida, Fancisco Frutos subrayó que "plantear ahora la supresión de la Fiscalía Anticorrupción", con argumentos sin "solvencia técnica y jurídica", es un "viva la Pepa, pero para cargarse a la Pepa", derivado de la "voluntad política del Ministerio de Justicia de controlar" al poder judicial.

En cuanto al "escándalo de Madrid", aseguró que además de articular "medidas correctoras" en el seno de los propios partidos, es necesario iniciar una investigación que empiece por conocer a quién beneficia y a quién perjdica esta situación tan "lesiva" para la democracia.

Impedirlo, prosiguió, "es una vulneración seria del mandato constitucional, representa una falta de independencia del Ministerio Fiscal" respecto al poder político "simbolizado en el Gobierno" del PP, por lo que "lo mínimo" es exigir la comparecencia de Cardenal para que explique sus criterios.

Para concluir, Frutos emplazó al fiscal general del Estado a reflexionar "si dimite o no dimite en bien de la justicia y en bien de la realización de untrabajo que no realiza bien porque es una persona sesgada" en beneficio de determinados intereses políticos.

En nombre del Grupo Mixto, José Antonio Labordeta, diputado por la Chunta Aragonesista, se preguntó si el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se ha enterado" de lo que ocurre en la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta la "insistencia por una parte en que se investigue esa corrupción y por otra, en que el fiscal Anticorrupción no mueva ni un dedo".

SUMISO Y SERVIL

Margarita Urí, del PNV describió a Cardenal como un fiscal "dócil, sumiso" y "servil" al Gobierno, que es "absolutamente diligente" para evitar que se inicien determinadas causas mientras muestra un "extraordinario celo" en que se abran diligencias en el País Vasco, siempre en contra del Ejecutivo autonómo o de la izquierda "abertzale".

Ironizó con que quizá este año su partido cambie el sentido del voto y apoye que se aumente la retribución al fiscal general en los Presupuestos Generales del Estado, porque el "pao de servicios", los "desvelos día y noche para actuar o impedir que se actúe según los casos", justifica un sueldo "digno".

El portavoz popular de Justicia, Andres Ollero, se opuso a esta solicitud de comparecencia por considerarla "repetitiva" y "monótona", y resaltó que lo que pretenden conocer PSOE e IU "está más visto que el tebeo" después de sucesivas comparecencias de Cardenal en el Congreso.

En cuanto a las críticas a la sumisión de la Fiscalía, advirtió de que son un "torpedo en la líneade flotación de la oposición", porque "si no consiguen sus señorías que haya control después de tanta sesión, es que estamos malgastando el dinero público".

"TERROR" A LAS ELECCIONES

Dijo a los socialistas que "comprendo que les aterre la posibilidad de que vuelvan las elecciones, porque después de decir esas cosas, a ver quién les va a votar", y se preguntó "qué han hecho" durante los últimos años para permitir que se consolide esta "trama" si es que, como dice el PSOE ya se venía fraguando desde hce tiempo.

Acusó al PSOE de practicar el "arte y ensayo" de la "fabulación jurídica", porque se "inventa" el delito y los acusados, y critica que por razones políticas se impida abrir una investigación que a ellos les interesa iniciar exactamente por esos motivos, como muestra la escasa consistencia de la querella que presentaron, y que ha sido rechazada.

El portavoz de Justicia e Interior de CiU, Manel Silva, considera que si el debate sobre una actuación concreta de la Fiscalía se traslada al Cngreso, debe ser como "última ratio", ya que Jiménez Villarejo tiene aún el recurso de promover promover un conflicto ante la Junta de Fiscales de Sala si no está de acuerdo con la orden de Cardenal.

Por otro lado, indicó que CiU no es ni será partidario de la supresión de la Fiscalía Anticorrupción, aunque puedan promoverse cambios, como la descentralización de la lucha contra este tipo de delincuencia con fiscales especializados en los tribunales superiores de justicia, a fin de evitar los retrasoshacer más efectiva la persecución de estos delitos.