Según explicó en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, el Gobierno regional ha recibido una carta del Ministerio de Economía y Hacienda en la que se pone en duda la entrega a la Comunidad de Madrid, en este ejercicio, de dicha cantidad, que se corresponde con los anticipos de tesorería previstos en un decreto ley de 2005 y que fueron propuestos por Zapatero a la II Conferencia de Presidentes.

Beteta explicó que este anticipo de tesorería fue una de las medidas que Zapatero planteó en esa conferencia para superar la situación de insuficiencia financiera que padecían algunas comunidades en materia sanitaria por el espectacular aumento de la población y la negativa del Gobierno a actualizar los valores poblacionales en el modelo de financiación. Esos anticipos podían alcanzar el 4% de las entregas a cuenta percibidas por las regiones, lo que supone para Madrid 418 millones en el presente ejercicio.

El consejero de Economía, que calificó de "ataque a traición a las finanzas autonómicas" esta decisión del Gobierno central y que le acusó de querer cuadrar sus cuentas quitando financiación a las comunidades autónomas, señaló que esos 418 millones de euros equivalen a todo el presupuesto de la Consejería de Justicia en 2007 o a poner en marcha 3.000 camas nuevas en hospitales.

Beteta explicó que esos anticipos de tesorería todos los años se han pagado en el mes de julio, y destacó que, además, no son un regalo, ya que, según las normas del sistema de financiación, las entregas a cuenta que las regiones reciben del IRPF, el IVA y los impuestos especiales deben alcanzar el 98% de la recaudación, pero en la práctica no alcanzan el 90%-91%.

El consejero dijo que Canarias, La Rioja y Castilla y León también han recibido cartas en este sentido del Gobierno central, por lo que cree que esta "actuación desleal" afectará a todas las regiones. Explicó que la Comunidad de Madrid, al igual que el resto, han integrado estos anticipos en sus presupuestos generales de 2008, por lo que, "al no abonarse esta cifra, implica que nos lleva directamente al déficit o a cortar servicios de sanidad".

Según Beteta, el Gobierno regional remitirá un escrito al Ejecutivo central para que esta "tropelía" se corrija inmediatamente en la reunión del miércoles de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y se abonen los anticipos a las comunidades autónomas. De no ser así, pedirán introducir un punto con este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de septiembre.

CRÍTICAS A SOLBES

Beteta explicó que, si no se abonan los anticipos, esperarán a esa reunión del consejo para decidir si recortan servicios o incurren en déficit, ya que que en ella se decidirá si se permite a las comunidades autónomas presentar déficit en 2007. No obstante, mostró su confianza en que la Comisión de Asuntos Económicos del miércoles sea más sensible a este asunto que el ministro Solbes, del que dijo que "aparte de dontancredista, es insensible", y el dinero llegue en septiembre.

Según Beteta, el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid está totalmente comprometido, y la atención sanitaria de 6.390.000 personas y la creciente demanda de los servicios de educación impide una reducción del gasto en este momento del ejercicio 2008. Por ello, dijo que si Gobierno central decide finalmente no entregar estos anticipos también debería comunicar qué hospitales o centros de salud no deben seguir prestando servicios o los alumnos que no se escolarizarán en el próximo curso por falta de recursos.

A su juicio, es grave que cuando se está hablando del nuevo sistema de financiación autonómica y de que no se debe reducir el gasto social, "ahora, con premeditación, alevosía y agostismo, el Gobierno central aproveche para que las comunidades autónomas, supuestamente en vacaciones, no reciban esas cantidades. Pues, desde luego, en Madrid se han equivocado porque estamos de guardia permantemente", afirmó.

Beteta se cuestionó cómo van a fiarse las comunidades autónomas de las bases del nuevo sistema de financiación autonómica si no se cumplen las bases del actual. A su juicio, este menoscabo a la financiación de las comunidades autónomas que quiere llevar a cabo el Ejecutivo central introduce graves dudas sobre la lealtad, y si no hay lealtad, cree que la negociación es muy difícil.