La actuación de la Comunidad de Madrid, según informó hoy el Gobierno regional, responde a "los presuntos delitos contra el patrimonio histórico y desobediencia a la autoridad que habría cometido el Ayuntamiento de Aranjuez", que se recogen en los artículos 323, 410 y 556 del Código Penal.

La denuncia se suma a la resolución del director general de Patrimonio, Javier Hernández, reiterando al ayuntamiento la suspensión de las obras y exigiéndole la reparación de los daños causados en la zona, declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, y su devolución al estado original.

Además, en esa resolución, dictada el pasado 21 de agosto, se informaba de la apertura de un expediente sancionador por la presunta comisión de infracciones graves y/o muy graves, contempladas en la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Según el Ejecutivo regional, la suspensión inmediata de las obras del recinto ferial que el consistorio está construyendo en el "Raso de la Estrella", área que goza de la máxima protección autonómica y estatal, había sido ordenada ya con anterioridad por la Comunidad de Madrid, en una carta del 19 de julio y una resolución del 27 del mismo mes.

La negativa del Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado por el PSOE e IU, a paralizar las obras llevó a la Dirección General de Patrimonio Histórico a solicitar la presencia del Seprona de la Guardia Civil los pasados 10 y 22 de agosto.

"El Raso de la Estrella" está incluido en el recinto declarado Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Aranjuez, así como en el ámbito del Paisaje Cultural de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde el 13 de diciembre de 2001. También está incluido en las "Zonas de Protección Arqueológica de Aranjuez (Zonas 1, 2 y 3)" y en el Área de Protección Arqueológica D del Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez.

Según el Gobierno de Esperanza Aguirre, el Ayuntamiento de Aranjuez presentó el pasado 20 de abril a la Comisión Local de Patrimonio Histórico una documentación que, estimada viable en líneas generales, debía ser completada según requerimientos de la propia Comisión. Además, debía incorporarse al Proyecto de Ejecución para ser sometida nuevamente a dictamen de la Comisión y a una posterior resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico, pero las obras se iniciaron sin que dicha documentación fuera presentada.

La Consejería de Cultura y Deportes recibió a principios de julio denuncias por el inicio de obras no autorizadas, provenientes del Comité Internacional de Monumentos y Sitios España (ICOMOS) y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estudiadas las mismas y previa visita de inspección, Patrimonio Histórico ordenó el 27 de julio la paralización inmediata de las obras hasta la presentación de un Plan Director que incluyese las peticiones de la Comisión, así como una serie de actuaciones para completar y corregir el anteproyecto básico.

El Ayuntamiento de Aranjuez presentó el 3 de agosto un recurso de alzada contra la orden de paralización de las obras, junto al que aportaba parte de la información requerida por la Comunidad, y, en vista de que las obras continuaban, un equipo de la Dirección General de Patrimonio Histórico y miembros del Seprona procedieron a la ejecución de la paralización una semana más tarde.