Este documento, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Servimedia, destaca el trabajo que lleva desarrollando el Gobierno de Madrid desde 2018 con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas y alcanzar la plena accesibilidad de las infraestructuras judiciales.

Para alcanzar una justicia comprensible para cualquier persona fue necesaria la colaboración con entidades del sector de la discapacidad como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Plena inclusión o Autismo España respondiendo así al compromiso del Ejecutivo autonómico de “garantizar que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar con plenitud de un servicio público tan esencial como es el de la Administración de Justicia”.

Cabe señalar que en 2018 el Gobierno regional realizó un informe para evaluar la accesibilidad en las sedes de los 21 partidos judiciales madrileños. Dicho análisis llevó a la Comunidad de Madrid a marcarse, como objetivo inicial, la actualización de las sedes judiciales más antiguas (construidas cuando no existía normativa en la materia) y que las nuevas fuesen plena y universalmente accesibles, acordes con la legislación en este ámbito. Para ello se puso en marcha el ‘Plan de Acción para la Mejora de la Accesibilidad en los juzgados y sedes judiciales de la región’.

Posteriormente, a partir de 2019, este objetivo se incluyó en el ‘Plan Justicia 21x21 de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas’ (en la actualidad, Presidencia, Justicia e Interior), que implica la modernización de los 21 distritos judiciales de la región, así como la puesta en marcha de medidas que favorezcan la humanización de la Justicia, “con sedes cada vez de mayor calidad y calidez”, como recoge el informe.

SIN BARRERAS FISICAS

Cabe señalar que se han acometido diversas obras de mejora de la accesibilidad en varios complejos judiciales como los Juzgados de Plaza de Castilla, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o la sede judicial de Rosario Pino, 5, de Madrid, que agrupa el 95% de los juzgados de Primera Instancia de la capital, entre otros.

Además, todas las infraestructuras judiciales de nueva construcción de los últimos cuatro años son plenamente accesibles, no sólo desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas, sino también desde el punto de vista sensorial e intelectual.

Y es que la accesibilidad universal resulta igualmente importante porque implica que el entorno es 100% accesible para el ciudadano, con independencia de que tenga una discapacidad física, psíquica o sensorial, permitiendo de este modo el desarrollo de sus derechos e intereses sin ningún detrimento o menoscabo.

Para lograr este objetivo, la Comunidad de Madrid cuenta con la colaboración del Cermi y con la Confederación Plena Inclusión dedicada a la atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la región, e integrada en el propio Cermi.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El asesoramiento del Cermi a la Comunidad de Madrid vio sus primeros frutos en la reforma de los juzgados de Rosario Pino. Allí, para garantizar la plena accesibilidad de las personas con discapacidad cognitiva, se ha implantado cartelería de señalización especial (pictogramas, alto contraste, etc.). Por su parte, para los usuarios o trabajadores con discapacidad motriz (con empleo de silla de ruedas) se diseñaron itinerarios y aseos adaptados, también para situaciones de emergencia y evacuación.

Además, se trazó un itinerario adaptado desde el exterior del edificio. Dispone de ascensores con capacidad suficiente para el paso de sillas de ruedas y zonas señalizadas de espera y estancia para este tipo de usuarios.

En este edificio, los ciudadanos con discapacidad visual lo tienen más fácil gracias a la instalación de avisadores acústicos en aseos y ascensores, señalética con textos en braille y relieves táctiles en el pavimento para la indicación de recorridos.

También en Rosario Pino se ha dado respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva con la puesta en marcha de avisadores de emergencia ópticos y de bucles magnéticos en salas de vistas, secretarías de los juzgados y mostradores de atención al público. Este juzgado se ha convertido en un modelo a seguir.

En lo que respecta a Plena inclusión, un equipo de evaluadores ha realizado auditorías de accesibilidad cognitiva para mejorar la señalética de los juzgados. Para esta tarea la entidad ha formado a personas con discapacidad que, con la ayuda de un técnico de apoyo realizan dichas auditorías.

Estos auditores de Plena Inclusión realizan un recorrido por las instalaciones de los nuevos juzgados en su fase final de construcción y de su trabajo se redacta un “informe de accesibilidad cognitiva” que permite a la Comunidad de Madrid mejorar la señalética y la información existente en los edificios judiciales.

ACCESSIBLIDAD COGNITIVA

Por último, para asegurar la accesibilidad universal en las sedes judiciales, en este caso para las personas con trastorno del espectro autista (TEA), la Comunidad de Madrid está trabajando de forma conjunta con Autismo España, una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 151 entidades. Se ha elaborado una ‘Guía Práctica para Profesionales Jurídico’, una herramienta útil y de fácil lectura para mejorar la atención a las personas con TEA dentro de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. Está dirigida a profesionales jurídicos con la intención de facilitarles una serie de técnicas, estrategias y sugerencias para facilitar a la persona con TEA una atención de calidad en el entorno de la administración de Justicia.

También se ha editado de un vídeo en el que, a modo de ‘role play’ auténticos operadores jurídicos como jueces, fiscales, abogados y procuradores interpretan de una forma muy sencilla los distintos pasos por los que va a transitar la persona con TEA en una sede judicial. Este recurso estará alojado en la web de la Comunidad de Madrid y será objeto de difusión entre las familias por parte de Autismo España.

FACILITADORES JUDICIALES

Además, el Gobierno regional ha sido pionero en colaboración con Plena inclusión y la Fundación A La Par en la prestación del servicio de facilitadores judiciales, en cumplimiento de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El objetivo es conseguir que las personas con alguna discapacidad intelectual o del desarrollo vean facilitado su paso por la administración de Justicia, bien sea a través del acceso a traducciones a lenguaje de lectura fácil de textos escritos, como la plena comprensión de comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial.

FORMACIÓN

En los últimos años, la Comunidad ha programado cursos de formación para funcionarios y empleados públicos de la administración de Justicia sobre atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en los que se dan pautas para una mejor comunicación con estas personas con discapacidad.

Además, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas celebra convenios con los abogados de la Comunidad de Madrid en los que uno de los compromisos es la prestación de un Servicio de Orientación Jurídica para personas con discapacidad, e igualmente con los procuradores.