Vallejo explicó que las personas con minusvalía no están inscritas en las oficinas del INEM "por temor a dar razón de su condición", aunque sí tienen bolsas de trabajo en las asociaciones que las representan.

El proyecto de la Consejería de Economía y Empleo pretende que esta base de datos a la contratación de discapacitados por parte de las empresas, cruzando este registro con el de ofertas de epleo de los empresarios.

Este registro se llevará a cabo en colaboración con las asociaciones, será voluntario y contendrá el perfil profesional de las personas que se inscriban.

Señaló que en la región hay 80 centros especiales de empleo de este tipo que emplean a 3.200 discapacitados. La mayoría están promovidos por organizaciones como la ONCE (7 centros y 1.000 empleados) o Iberia (2 centros).

Vallejo recordó que en febrero de 2000 entró en vigor el decreto de medidas alternativas para haer cumplir a las empresas la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), que recoge la obligación de contratar un 2% de personas con minusvalía siempre que la sociedad cuente con más de 50 trabajadores.

Esta iniciativa contempla que, en el caso de que no encuentren un discapacitado adecuado para el puesto de trabajo, se pueda contratar algún tipo de servicio, obra o suministro que puedan llevar a cabo estos centros especiales de empleo o bien realizar una donación a asociaciones sin ánimo de luro que se dediquen a su promoción.