Así lo indicó Ayuso durante la celebración de la primera jornada del Debate sobre el estado de la Región, donde se refirió a la Estrategia Integral Antiocupación que inició sus trabajos este verano y que contempla, entre otras, esta medida.

La iniciativa del Gobierno autonómico tiene como finalidad aglutinar todas las medidas posibles, dentro de su marco autonómico competencial, que hagan frente a este fenómeno y actúe como refuerzo y defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos madrileños sobre sus viviendas.

El objetivo es reducirlas, prevenir su proliferación y constituir a la región en un referente nacional en la adopción de medidas encaminadas a su erradicación. Para ello, continúa trabajando en una serie de actuaciones de carácter transversal, como ha sido la reciente activación del servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112 durante las 24 horas del día.

Las actuaciones más inmediatas por parte del Ejecutivo regional son, además de apoyar proyectos de ley estatales que hagan frente a una ilegalidad cuya responsabilidad recae en el Gobierno central, es la creación de un grupo permanente de trabajo compuesto por los representantes de la Comunidad de Madrid en la Mesa contra la Ocupación y representantes de las Asociaciones de afectados por esta lacra, para reforzar la coordinación entre las partes.

Igualmente, se va a efectuar una convocatoria específica del Observatorio Regional de Víctimas del Delito. Estas medidas, ya en vigor, están siendo mejoradas con la puesta en marcha del Centro de Coordinación Municipal (Cecom), cuyo objetivo básico es la coordinación policial, en el marco autonómico, mediante un protocolo común de actuación y una formación específica para estos profesionales que se lleva a cabo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

MÁS DE 1.500 LLAMADAS

Desde su activación en julio el Cecom ha tramitado ya un total de 1.539 llamadas, de las cuales 568 (37%) corresponden a episodios relacionados con la ocupación de viviendas. Con una sola comunicación, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este tipo de delitos contra la propiedad privada.

Aporta también información de gran utilidad sobre las posibilidades que tiene su propietario de defenderse ante los tribunales. Además, el usuario puede ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales y recibir ayuda desde las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.