Esta norma exige el aval de un juez para que las personas con discapacidad tuteladas por la comunidad autónoma puedan acceder “a la ayuda a morir”, requisito que no está previsto en la ley estatal reguladora del derecho a la eutanasia, que es de carácter orgánico.

A través de un comunicado, el Gobierno madrileño expresó que la norma autonómica “no interfiere en ningún caso con la ley estatal que regula la eutanasia” y que “especifica que este derecho es un acto estrictamente personal”.

La reacción llega después de que el Gobierno central informara de que recurrirá ante el TC la ley madrileña que crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, por considerar que invade competencias exclusivas del Estado y “discrimina a las personas con discapacidad tuteladas en el acceso a la eutanasia".

Así lo anunció este martes en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el acuerdo para solicitar la interposición del citado recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023.

Si embargo, el Ejecutivo regional reaccionó y calificó de "improcedente" el recurso, alegando que "la decisión es de cada persona, incluidas las personas con discapacidad sobre las que esta Agencia asume funciones representativas por orden judicial". "Es decir, estas personas no necesitan el consentimiento ni del Amapad ni de la autoridad judicial para ejercer su derecho a morir", puntualizó.

Por tanto, "no cabe la interpretación en la que el Gobierno central justifica el recurso al TC", defendió, ya que en la normativa regional existe "una disposición para garantizar los derechos de estas personas y someter a control la entidad que los representa con una autorización judicial en los casos que no están regulados por ley".

Amtes de ese comunicado, en una respuesta enviada a los medios, desde la Comunidad de Madrid acusaban al Gobierno de “querer meter el debate de la eutanasia en la campaña electoral” con su anuncio y precisaban que ”cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad (una amputación, por ejemplo) debe requerir autorización judicial”.

“No es algo que digamos nosotros, lo metemos porque así lo dictamina el Código Civil”, indicaron. “En ningún caso hacemos referencia a la autorización de la eutanasia”, por lo que “no nos metemos en una ley estatal”.