La iniciativa regional se encuentra enmarcada dentro del Plan Sur para la capital, incluido el distrito de San Blas, en el que participan las tres Administraciones, y donde se prevé una inversión total de 50.000 millones de pesetas, en un plazo no superior a cuatro años.

La unidad operativa, dependiente de la Consejería de Cooperación de la CAM, incidirá en el desarrollo urbanístico de los barrios periféricos másdeprimidos, los dotará de equipamientos y afrontará reformas de tipo social y educativo.

El proyecto, dotado en los presupuestos regionales de este año con más de 2.000 millones de pesetas, estará capitaneado por el anterior gerente del Ivima, Miguel Angel Pascual, según confirmó hoy en rueda de prensa el portavoz de gobierno regional, Jaime Lissavetzky.

A juicio del representante del Gobierno de Leguina, esta iniciativa servirá de acicate para que empiecen a trabajar en estas zonas el Ayuntamieno de Madrid y el Gobierno Central.

La Comunidad de Madrid es la primera de las tres Administraciones que afronta la ejecución de este proyecto, que debería terminar este año con una inversión total de 16.000 millones, cuatro mil millones de pesetas por cada Administración.

En la misma sesión el equipo de gobierno regional aprobó hoy 650 millones de pesetas para viviendas y la consecución de un proyecto de ecodesarrollo para la Sierra de Guadarrama que afectará a más de una veintena de municipios e la Comunidad de Madrid y a la localidad de La Granja (Segovia).

DE SAN BERNARDO A PARCENT

Por otra parte, el portavoz socialista aseguró que el período de sesiones en la Asamblea de Madrid se iniciará en tiempo y forma, a primeros de octubre.

Jaime Lissavetzky anunció que la próxima semana el presidente regional, Joaquín Leguina, se reunirá con el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la utilización del Palacio de Parcent como sede de la Asamblea rgional.

Aunque el portavoz regional reconoció que existían dificultades para llegar a un acuerdo sobre este extremo, por que el Ministerio de Justicia tiene sus propios problemas de espacio, Lissavetzky dijo que podría alcanzarse un consenso intermedio y acordar una utilización conjunta del edificio entre ambas Administraciones.