Fuentes jurídicas informaron de que Cardenal podría asignar el caso al fiscal de Madrid y no al iscal Anticorrupción debido a que este último está encargado de delitos con mayor perfil económico, a lo que se suma el hecho de que, en el caso de ser procesados, Tamayo y Sáez deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las fuentes consultadas señalaron que la denuncia, de un folio de extensión, está firmada por el abogado Fernando Pamos de la Hoz e incluye diversos recortes de prensa sobre lo sucedido en la Asamblea de Madrid desde el pasao lunes.

De la denuncia de ese letrado se ha hecho cargo la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, que deberá decidir ahora a quién asigna este procedimiento contra los diputados socialistas que han hecho con su ausencia deliberada que la Presidencia del Parlamento madrileño sea ocupada por el PP.

El delito de cohecho que el abogado Fernando Pamos imputa a Tamayo y Sáez está recogido entre los artículos 419 y 427 del Código Penal, mientras que el tráfico de influencias figura entre los artículos 428 y 431.

Según l catedrático de Derecho Constitucional Enrique Gimbernat, la única modalidad de cohecho que podría aplicarse a los diputados Tamayo y Sáez es la recogida en el artículo 425.1., que no contempla la cárcel, sino sólo una multa del triple del soborno recibido e inhabilitación para cargo público en el caso de que se pruebe que los parlamentarios recibieron algo a cambio de su actuación.