En un escrito al que tuvo acceso Servimedia, los abogados de los constructores explican al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, que sus clientes "han ido objeto de graves acusaciones de cohecho y otros delitos" por parte de Simancas y de otros dirigentes socialistas.

Puntualizan que ambos constructores son "inocentes" y denuncian además que las acusaciones se han difundido a través de los medios de comunicación junto con los bienes de ambos, "en cuantías infladas en miles de millones de las antiguas pesetas".

Los letrados aseguran además que Bravo y Vázquez han recibido amenazas telefónicas y adjuntan a su escrito la pertinente denuncia ante l Guardia Civil.

Esta situación ocasiona, en su opinión, que ambos sean "objetivo y diana de insultos y amenazas por parte de supuestos simpatizantes o afiliados a partidos de la izquierda, sino que además, a causa de las divulgaciones, falsas, sobre la entidad de su patrimonio, son también posible objetivo de grupos terroristas y de peligrosas y violentas bandas de delincuentes comunes".

Recuerdan además que Simancas ha solicitado la reposición de su escolta y sentencian que "las víctimas" del diigente socialista, los dos constructores, tienen derecho a ella "con mucha más razón".

También recuerdan que Vázquez y Bravo están citados ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el próximo día 28, y que "hay precedentes de que otras personas involucradas en este proceso han sido objeto de agresiones verbales, incluso físicas, en la entrada de la Asamblea", en alusión a los sufridos por Eduardo Tamayo y Teresa Sáez.

Piden por todo ello al delegado del Gobierno que adopte "las mdidas pertinentes y oportunas para salvaguardar la integridad" de los dos constructores.