El convenio permitirá aumentar más de un 15% las plazas financiadas con estos recursos para sumar un total de 850. La inversión estimada asciende a 149.886.327 euros durante sus cuatro años de vigencia, según informó este miércoles el Gobierno regional.

Los usuarios de esta atención especializada son personas de 18 a 65 años en diferentes situaciones de dependencia, con discapacidad intelectual y graves alteraciones de conducta que pueden suponer una amenaza para su propia seguridad o la de los que les rodean, por lo que presentan grandes necesidades de apoyo.

Los centros ofrecen alojamiento, manutención y una atención psicosocial orientada a la mejora de su autonomía personal y de su calidad de vida, promoviendo su integración. Además, cuentan con servicios de apoyo personal y supervisión que se adaptan a las diferentes necesidades de cada usuario. Todo ello con el objetivo de que logren su máximo nivel de desarrollo y mantengan una capacidad física y mental que les permita su participación en todos los aspectos del día a día.

El acuerdo marco establece las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deberán asumir y desarrollar las entidades o empresas que gestionen este servicio público, gratuito para sus usuarios.

En los contratos derivados de este acuerdo primarán los criterios de calidad sobre la oferta económica, lo que permitirá mejorar las ratios de atención y priorizar las propuestas que incluyan actuaciones, como la puesta en marcha de terapias especializadas e innovadoras o el desarrollo de un plan de formación continuado y específico sobre el tratamiento de las conductas disruptivas para todo el personal.