Ossorio dijo que “se trata de la gestión más rápida del plan para la tramitación de estas ayudas, que permiten a las diferentes poblaciones financiar desde los suministros de los ayuntamientos a costes de personal o de material, entre otros”.

Este primer año, cada consistorio podrá validar esos gastos con certificaciones de pago emitidos desde el 1 de enero de 2021. Y la cuantía que el Gobierno regional otorgará se calculará en función de los importes justificados. Así, queda establecido un máximo para acogerse a estas subvenciones de entre un 20% y 30% del presupuesto que reciben a aquellas poblaciones de 5.000 habitantes; de entre un 20% y un 25% a las de más de 5.000 y hasta 20.000 vecinos, y de un 20% en el caso de las que superan este número.

El Programa de Inversión Regional 2022/26 tiene como objetivo la mejora y ampliación de los servicios públicos de competencia municipal, lo que repercute directamente en el bienestar de todos los ciudadanos y contribuye a la reactivación de la economía productiva.

Asimismo, busca fortalecer la autonomía y responsabilidad de los ayuntamientos, simplificar la gestión administrativa y reforzar la seguridad jurídica, entre otros aspectos. Por ello, y para estas anualidades, se aprobó el mayor presupuesto de la historia de este plan que alcanza los 1.000 millones de euros.