La consejera de Transportes e Infraestructuras, Elvira Rodríguez, afirma en la nota que ha mostrado siempre su disposición a colaborar con la citada Comisión, a la que ya envió el pasado mes una carta transmitiéndole las últimas decisiones judiciales sobre la infraestructura.

En esta comunicación, la responsable regional destacaba la existencia ya de tres autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que negaban la paralización de la obra. En su opinión, estas decisiones judiciales eran de gran interés para la correcta evaluación del expediente de la M-501 por parte de la Comisión Europea y por ese motivo se enviaron.

"Asimismo", continúa Rodríguez, "haremos llegar cualquier otra documentación que se nos solicite, como puede ocurrir a través de una carta de emplazamiento".

En este sentido, la consejera expresó hoy también su interés en explicar en Bruselas el "ambicioso" plan medioambiental que incluye el ensanchamiento de la carretera y que, según recoge su propia carta a la Comisión Europea, "incorpora todos los elementos de corrección recomendados por los propios informes medioambientales, tratando particularmente de subsanar los problemas en los que el estudio del CSIC había incidido".

Así, la consejera recordó que un 25% del presupuesto de esta infraestructura se destina a medidas medioambientales, siendo el proyecto "más respetuoso" desde el punto de vista ecológico que se haya realizado en España.

MEDIDAS DE MEJORA

En concreto, en los 18 kilómetros que se ensancharán se construirán 43 pasos de fauna y dos ecotúneles, se vallará toda la vía para evitar el atropello de animales, se mejorará las poblaciones de especies de la zona y se enterrarán 20 kilómetros de líneas eléctricas peligrosas para las aves.

Con todo ello, agrega la consejera, se pretende conjugar la protección de la zona con la seguridad de los conductores, ya que en lo que va de año han fallecido cuatro personas en el tramo sin desdoblar de la carretera, siendo una de las vías de mayor peligrosidad de la región.

Una situación que provoca que la Comunidad de Madrid haya declarado la obra de interés público, "tratándose de hecho de una prerrogativa ya prevista en las directivas comunitarias aplicables en la materia", como ya aseguraba Rodríguez en la carta enviada a la Comisión Europea.