Así lo anunció este viernes el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en un comunicado en el que explicó que el acuerdo, rubricado por la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (Amapad), supone “un avance” en los derechos de estos adultos para los que la agencia ha sido designada como “tutor o curador”, en aplicación de la Convención Internacional en este ámbito.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso puntualizó que esta normativa “obliga” a proporcionar las “salvaguardias adecuadas y efectivas” para “garantizar” el ejercicio de la capacidad jurídica, así como el “goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales" por parte de este colectivo.

De este modo, la Guardia Civil tendrá acceso a la información “básica” relativa a las personas con discapacidad sujetas a medidas judiciales de apoyo prestadas por la agencia, con el objetivo de “darles la protección adecuada en el ejercicio de sus funciones”.

“Gracias al acceso a los datos básicos de identificación, al Juzgado y número de procedimiento, o a la resolución de modificación de la capacidad o de provisión del apoyo, podrán notificar sus actuaciones y facilitar con ello la intervención social o jurídica requerida por la agencia”, sentenció el Ejecutivo.

Esta colaboración se suma a la existente entre la agencia con la Dirección General de la Policía Nacional desde el año 2017 y, a juicio del Gobierno regional, supone “una garantía” en caso de que estas personas “sean víctimas de cualquier delito”. “Para agilizar la atención a sus necesidades y ofrecerles, en su caso, ejercer la acción penal o bien cuando se encuentren encausadas o detenidas”, resolvió.