En un comunicado, la consejería madrileña incide en que la partida de 14 millones de euros asignada a las comunidades autónomas, a la que hace referencia el ministerio para justificar que sí ha habido fondos es anterior a la aprobación de la ley anti-tabaco, y, de hecho, ya estaba vigente durante el gobierno del Partido Popular.

Dicha partida, agrega la Comunidad de Madrid, está dedicada a a financiar programas de prevención y control del tabaquismo y "en ningún caso" contempla ningún tipo de financiación destinada a las inspecciones.

"Aludir a una partida presupuestaria ya existente y con un ámbito de aplicación bien diferenciado para tratar de ocultar la evidente falta de medios destinados a la aplicación de la nueva normativa estatal del tabaco resulta, como mínimo, sorprendente", agrega la Consejería de Sanidad que dirige Manuel Lamela.

Las inspecciones en establecimientos hosteleros ligadas a la nueva ley del tabaco no son coyunturales, sino que han de mantenerse en el tiempo con objeto de garantizar el cumplimiento de dicha normativa, agrega el Ejecutivo madrileño, lo que ocasiona un aumento del gasto sostenido en el tiempo.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, imponer actuaciones a las comunidades autónomas para cumplir con una normativa estatal exige, como mínimo, una financiación adecuada por parte del Ejecutivo central, que, en su opinión, no se ha producido.