Se trata de una iniciativa pionera en España que, según el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, "responde a la nueva realidad sociofamiliar".

Los inquilinos de estas viviendas, que han sido promovidas por el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) en el madrileño barrio de La Ventilla, pagarán una renta máxima de 260 euros mensuales por un piso de dos habitaciones con plaza de garaje.

La entrega se enmarca en un programa de adjudicación de 248viviendas públicas que beneficia también a personas con discapacidad, jóvenes menores de 35 años y mayores de 65.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio había reservado del total un 16% para las personas separadas y divorciadas. Algunas de estas viviendas cuentan con dos dormitorios para que puedan atender sus obligaciones familiares, disponiendo de una habitación para alojar a sus hijos en caso de tenerlos.

Los inquilinos de estos pisos, que se distribuyen en dos dormitorios, salón, cocina y baño, equivalentes a una superficie total de 60 metros cuadrados útiles, pagarán una renta mensual de 260 euros. Las viviendas de un dormitorio tienen una superficie de 45 metros cuadrados y tendrán un precio de 210 euros al mes.

Un total de 128 personas separadas y divorciadas optaron a estas viviendas públicas, para lo que tuvieron que justificar su condición mediante resolución judicial de separación o divorcio, o a través de las denominadas medidas paternofiliales adoptadas por el juez en caso de ruptura de pareja de hecho cuando ésta tiene hijos. En esta resolución judicial debía quedar claro que el solicitante había sido privado del uso y disfrute de la vivienda conyugal.