La cuantía económica resultante se destinará a financiar la investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración y actuaciones urgentes, así como a la difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural de todos los madrileños.

El proyecto de Decreto ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y fue dictaminado favorablemente por el Consejo de Estado el pasado 21 de julio.

Las obras que se verán afectadas serán tanto las que financia la Comunidad de Madrid como las llevadas a cabo por sus organismos autónomos, empresas públicas y resto de entes del sector público. Igualmente, serán objeto de la reserva las obras construidas o explotadas por los particulares en régimen de concesión administrativa de obras públicas.