La mejora continua de la capacitación de los trabajadores comprende la ampliación del presupuesto en 22 millones de euros, que se suman a los 30 aprobados el pasado 30 de agosto. Además, como novedad este año, se exige a las entidades gestoras un número mínimo de extranjeros en los planes formativos.

Los contratos programas se destinarán a planes de formación intersectorial gestionados por las organizaciones empresariales y sindicales de carácter regional más representativas; a planes de formación sectoriales de las organizaciones sindicales y empresariales representativas o más representativas, así como a planes de formación dirigidos a trabajadores autónomos, que tengan suficiente implantación en la Comunidad de Madrid y a los trabajadores de entidades de economía social.

Los beneficiarios de las acciones formativas serán los trabajadores asalariados o por cuenta propia que prestan sus servicios en empresas privadas o públicas y cotizan a la Seguridad Social, así como las personas en situación laboral de fijas discontinuas en los períodos de ocupación, que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo o acogidos a expedientes de regulación de empleo o socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la economía social.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas sólo podrá participar con un límite máximo de un 10% del total de participantes de cada plan.

La selección de los trabajadores se realizará por la entidad beneficiaria, atendiendo a las prioridades del plan de formación y a criterios objetivos y de igualdad. En la elección tendrán prioridad los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45 años, trabajadores no cualificados y trabajadores inmigrantes regularizados.