Esta medida se adoptará para luchar contra las prácticas de pesca extensivas y no controladas por parte de países y territoris de abanderamiento de conveniencia, que ni se adhieren a los convenios internacionales de ordenación pesquera, ni asumen responsabilidad alguna en el ámbito del marco jurídico internacional.

En las conlusiones de la Conferencia se constató la existencia de una serie de vacíos jurídicos y políticos que posibilitan la supervivencia de la pesca ilegal, lo que exige un desarrollo del marco jurídico internacional, especialmente en lo que concierne al control del Estado sobre sus buques pesqueros, la inspeción en los puertos y las medidas de control sobre el mercado.

Además, se señaló la necesidad de elaborar registros regionales de embarcaciones autorizadas en las distintas Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), para fijar criterios que permitan establecer el grado de responsabilidad de las autoridades a la hora de permitir la pesca no regulada.

Otras medidas recomendadas por la Conferencia fueron la creación de documentos de capturas y estadísticas de las especies afectadas por la sobreexplotción, la actuación contra empresas y personas involucradas en la pesca ilegal, así como la prohibición de importación, desembarque y transbordo de especies capturadas en contra de las medidas de conservación y gestión.