Esta iniciativa, incluida en el Plan de Vivienda 2005-2008,pretende impulsar la construcción de viviendas públicas sostenibles respetuosas con el medio ambiente y que abaraten los gastos de luz, agua y mantenimiento de cada vivienda.

Esta orden incluye una serie de requisitos de carácter obligatorio, que son condición previa e imprescindible para acceder a las ayudas, como por ejemplo la reducción del consumo energético un mínimo del 20%.

Una vez cumplidos los requisitos de carácter obligatorio, las ayudas variarán dependiendo de unos criterios que tendrán que cumplir las promociones, de forma que cuantos más avances medioambientales incorpore la vivienda, más puntos y mayor ayuda económica podrá obtener.

Los criterios de una vivienda sostenible se agrupan en habitabilidad, reducción de la demanda energética, eficiencia energética de las instalaciones, uso racional del agua, condiciones de información, uso y mantenimiento y otras condiciones. Los edificios deberán aprovechar obligatoriamente un mínimo de dos horas de luz solar, disponiendo de una adecuada orientación en sus fachadas y evitando dar sombra a promociones vecinas. Además, aprovecharán las corrientes de aire para llevar a cabo la ventilación natural de las fachadas. Igualmente, se endurecen los niveles tanto de emisión como de inmisión de ruido, mediante unas mayores exigencias de aislamiento acústico de las paredes.

Además, se pide que las casas aprovechen el agua. Las viviendas públicas sostenibles tendrán que contar con reductores de presión, cisternas de doble descarga a elección del usuario y grifos economizadores de chorro. Igualmente, dispondrán de sistemas de reciclado de aguas grises o pluviales que más tarde se destinarán al riego de las zonas ajardinadas, en las que se llevará a cabo una actividad de jardinería de bajo consumo.