La entrega de esta documentación se produce después de que haya sido remitida el pasado jueves al Observatorio Regional de la Violencia de Género, para que lo estudie y aporte alegaciones si así lo considera conveniente. A continuación será remitido al Consejo Económico y Social y aprobado por el consejo de Gobierno y posteriormente será remitido a la Asamblea de Madrid, para su debate parlamentario.

La finalidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género como del Plan de Acción contra la Violencia de Género es dar una respuesta global al fenómeno de la violencia de género. El Plan, que contiene 122 medidas, contará con un presupuesto de 74,6 millones de euros para el periodo 2005-2008.

Con la puesta en marcha de la Ley y el Plan se incorpora un concepto más amplio de violencia de género, en el que está incluida no sólo la violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico o afectivo, sino también la que padecen en los ámbitos laboral (acoso sexual) y social (agresiones sexuales, tráfico con fines de explotación sexual y mutilaciones genitales).

También se dará atención especializada a las mujeres inmigrantes y mujeres con discapacidad. Además, se consideran víctimas a efectos de dotarles de una mayor protección, en un primer lugar a las mujeres y también a sus hijos e hijas y otras personas dependientes de ella en el caso de la violencia de género en el ámbito doméstico.

La Ley cuenta con 54 artículos agrupados en seis capítulos, 14 disposiciones finales y una disposición transitoria. El Plan incorpora 122 medidas, más del doble que el anterior Programa de Acciones contra la Violencia de Género, cuya aplicación concluyó en 2004, y en su ejecución están implicadas nueve consejerías del Gobierno regional.

Tanto el Plan de Acción Integral como la Ley tienen dos objetivos principales, el primero, erradicar la violencia de género, y el segundo, ofrecer y dar asistencia integral a las víctimas. Para lograr estos fines, se han creado cuatro áreas: sensibilización y prevención, asistencia y atención integral, protección e investigación.

NOVEDADES

Una de las principales novedades es que se ha incluido por primera vez la obligación de que el maltratador, declarado como tal por sentencia firme, corra con los gastos de atención a la víctima en que haya incurrido la Administración autonómica.

Otra de las novedades es que se creará un Fondo de Emergencia para atender con carácter urgente a las necesidades económicas básicas de una mujer, derivadas de la ruptura familiar ocasionada por su decisión de poner fin a la violencia de género y se las facilitará la inserción laboral, que se articulará a través de un Programa de Empleo Específico, en el que participarán todas las mujeres que lo deseen, incluidas las que hayan percibido la ayuda de pago único prevista en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de febrero. El Fondo de Emergencia se dotará con 900.000 euros.

Asimismo, se pondrá en marcha la Agencia para la Igualdad de la Comunidad de Madrid como organismo autónomo de carácter administrativo, con el objetivo de conseguir una gestión más ágil y participativa de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia. La Agencia para la Igualdad sustituirá a la dirección general de la Mujer.

También se formará a los profesionales para que puedan detectar las situaciones de violencia de género y prestar una mejor atención a sus víctimas, y se fomentará la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de hacer más efectiva la prevención de las situaciones de violencia de género.

Tanto en el Plan como en la Ley se considerará esencial el papel de los medios de comunicación, en especial los de titularidad pública, y de la publicidad a la hora de transmitir imágenes que promuevan la igualdad de hombres y mujeres; y la necesidad de que estos sean utilizados por la Administración autonómica en sus campañas de sensibilización.

Otra de las medidas recogidas es la implantación de medios telemáticos de control del alejamiento, dotando así de carácter normativo al compromiso hecho público de poner este dispositivo a disposición de los jueces y tribunales. También destacan las medidas en relación al acoso sexual, especialmente respecto a las empleadas públicas de la Comunidad de Madrid, a través de la creación en cada una de las consejerías de la figura de la asesora confidencial.