A través de este convenio, los notarios informarán al comprador de la vivienda de que se trata de un piso de protección oficial y que tiene que comunicar su compra a la Administración regional.

Además, el notario informará a la comunidad de esa transacción indenpendientemente de que lo haga el particular, incrementando así el control sobre un parque de viviendas cuya construcción ha sido financiado con recursos públicos.

La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicó en octubre de 2005 la Orden de Tanteo y Retracto por la que autorizaba al Ejecutivo regional a adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transacciones, siempre que se mantenga dentro del régimen de protección pública.

En ese sentido, si el vendedor acepta la venta de la vivienda protegida, la Administración regional abonará de inmediato el valor del piso, y a su vez lo adjudicará a un solicitante de vivienda pública por el precio oficial vigente, evitando la existencia de sobreprecios.

En caso de realizarse la compraventa de un piso protegido entre particulares, el comprador deberá informar a la comunidad de esta transacción entregando una copia de la escritura. La Consejería de Medio Ambiente podrá entonces ejercer el derecho de retracto, por el plazo de 10 días, y adquirir la vivienda a precio oficial.

Por otro lado, este convenio incluye el compromiso por parte del Colegio de Notarios y de la Comunidad de compartir información registral y estadística, y de abrir nuevas vías de comunicación entre ambas instituciones.

"Este convenio va a ser muy útil en todas las esferas para establecer un control en la adquisición de vivienda pública y arremeter contra el fraude inmobiliario", señaló Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.