Según explicó en la rueda de prensa posterior el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, con esta medida la Comunidad de Madrid intenta ayudar a soportar la carga que para las familias suponen los incrementos de los tipos de interés, especialmente en 2008, en préstamos concertados a tipo de interés variable.

Beteta añadió que además, con el objetivo de ayudar a las familias en la situación de crisis actual, el Gobierno regional establece una deducción por gastos de educación. La base de la deducción está constituida por las cantidades satisfechas por la escolaridad obligatoria cuando ésta no tenga carácter gratuito y por la adquisición de uniformes y vestuario de uso exclusivo escolar.

También cubre las cantidades abonadas, tanto si la enseñanza se imparte como actividad extraescolar como si tiene carácter de educación de régimen especial. Sobre esta base se aplica un tipo del 10%, sin que el montante total de la deducción pueda exceder de 500 euros por hijo.

El consejero subrayó que la deducción beneficiará a aquellas familias cuyos ingresos no superen los 10.000 euros anuales por miembro de la unidad familiar. Indicó que la deducción propuesta podrá beneficiar a unos 575.000 alumnos.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, Beteta señaló que se establece una bonificación del 100% de su cuota, siendo la Comunidad de Madrid la primera región en acometer esta iniciativa en España, de la que se beneficiarán más de 175.000 madrileños, con un ahorro estimado en 600 millones de euros.

Por otro lado, dijo el consejero, el proyecto de ley recoge la adaptación de la normativa autonómica a las novedades dictadas por el Estado en materia de cajas de ahorros. Destacó las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Régimen de Cajas de Ahorro, que afectan esencialmente al régimen de sus órganos de gobierno y a su forma de elección.

En cuanto a las modificaciones en el ámbito administrativo del proyecto, explicó que van dirigidas a conformar una Administración que contribuya a la dinamización de la economía regional y como apoyo a las actividades emprendedoras, agilizando la gestión y los trámites en sectores donde la economía puede ser impulsada.

Según precisó, las actuaciones de agilización de la gestión administrativa inciden en la supresión de trabas burocráticas internas que, en vez de garantizar los derechos de los ciudadanos, les suponen un obstáculo en su actividad.

En este sentido, agregó que se suprime la emisión de determinados informes innecesarios para agilizar así los expedientes de gasto, se mejora el procedimiento de concesión de subvenciones, que permite que la Administración pueda encomendar a sus órganos instrumentales determinados servicios públicos de forma fluida, como los realizados por MINTRA, ICM, el Canal de Isabel II o el IMAP.

TRÁMITES BUROCRÁTICOS

En esta misma línea y en el contexto europeo de liberalización de los servicios, Beteta puntualizó que se exime a los ciudadanos de trámites burocráticos que obstaculizan el dinamismo de la economía.

"Tal es el caso de la eliminación de la obligación de inscripción en determinados registros como requisito previo para la obtención de ayudas económicas o para el ejercicio en actividades como ferias, artesanía y comercio", explicó.

Por otra parte, se establece el silencio positivo en la solicitud de autorizaciones, licencias y habilitaciones en materia turística,

En el ámbito del personal socio-sanitario, se introducen diversas medidas flexibilizadoras de la movilidad de los profesionales que prestan servicios de interés público en centros sanitarios de atención primaria y especializada, así como en el Summa 112 y en los de atención a personas con discapacidad, residencias de mayores o infantiles y centros de acogida.

Respecto a las corporaciones locales, el consejero indicó que se adoptan medidas tendentes a favorecer su autonomía y mejorar su financiación en casos de restitución de servicios públicos municipales afectados por daños ocasionados por causas imprevistas y ampliando la financiación a través del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) y del Fondo Regional de Cooperación Municipal.