Güemes, que hizo este anuncio tras reunirse con el Consejo del Cooperativismo de la Comunidad de Madrid, explicó que mediante la reforma se pretende, además, lograr un mayor grado de seguridad jurídica y una mayor flexibilidad en la regulación.

En dicha reunión se acordó impulsar la reforma, que está siendo estudiada dentro del marco del Consejo del Cooperativismo por representantes de este sector y de la Administración regional, así como por expertos ligados al ámbito universitario, después de seis años de su entrada en vigor.

Las principales modificaciones propuestas afectan al régimen económico de las cooperativas, flexibilizándose el destino de las plusvalías ocasionadas por la regularización de los balances y simplificando para ello los supuestos de transmisión de las aportaciones al capital.

Del mismo modo, se estudia realizar una profunda modificación en lo referente a la aplicación de los beneficios derivados de la actividad de la cooperativa, que anteriormente debían destinarse en su totalidad a la reserva obligatoria y que ahora serían disponibles hasta en un 50%, buscando para ello un mayor equilibrio entre el interés del socio y el de la entidad como institución.

La otra gran reforma en estudio, según señaló Güemes, se centrará en las cooperativas de vivienda, donde se buscará una mayor seguridad jurídica de las cooperativas y la protección de sus derechos e intereses individuales y colectivos, especialmente frente a las denominadas "gestoras de cooperativas".

El consejero de Empleo y Mujer aseguró también que con la reforma está previsto potenciar la inspección de las cooperativas por parte de la Inspección de Trabajo y ampliar los plazos de prescripción de las infracciones para permitir la adecuada sanción de aquellas conductas contrarias a la norma o el impulso del arbitraje y conciliación en los conflictos surgidos entre socios o entre éstos y las entidades.