El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, recibió un documento que recoge las reclamaciones de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para mejorar la fiscalidad tecnológica de las empresas en tiempo de crisis, con el objetivo de que la Comunidad de Madrid la remita al Gobierno central.

Beteta, que conoció estas demandas tras una reunión con el presidente de CEIM, Arturo Fernández, y el de la Cámara de Comercio regional, Salvador Santos Campano, comparte con los empresarios madrileños la necesidad de mejorar una fiscalidad que apueste por la inversión y el desarrollo.

El documento entregado al consejero de Economía contiene las medidas de naturaleza tributaria relativas a I+D+i, cuya implantación, a su juicio, tendría un efecto dinamizador sobre la economía madrileña.

Así, según explicó Beteta a los periodistas, los empresarios proponen recuperar lo antes posible el 100% de la deducción en el Impuesto de Sociedades por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, como sucedía hasta 2006.

Del mismo modo, plantean mantener sin límite las deducciones para I+D+i e incentivar fiscalmente las actividades innovadoras relacionadas con la mercadotecnia o la organización empresarial, que estiman necesarias para la adaptación de las empresas al nuevo escenario económico.

Proponen también deducir el coste del informe técnico para obtener ayudas, ya que, en la actualidad, cualquier solicitud al Ministerio de Ciencia e Innovación de ayudas fiscales por actividades de I+D+i debe ir acompañada de un informe técnico, que sólo pueden emitir diez entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditaciones, AENOR.

Finalmente, los empresarios quieren que se financie a las pymes el coste del informe del Ministerio y que se compatibilice la bonificación a la Seguridad Social de los investigadores con otras ayudas fiscales.

El consejero destacó que la actual legislación española es insuficiente para invertir en investigación, ya que hace falta seguridad jurídica en este ámbito, al tiempo que subrayó que "España no está dando el salto a la innovación".